Fuente
EL MARTES 1 DE OCTUBRE A LA 13:00 QUEDAMOS EN LA CALLE GENERAL RICARDOS 254 PARA IR A LA JUNTA MUNICIPAL PARA CONDENAR LA MUERTE DE AMPARO.
En la mañana del 17 de septiembre, Amparo C.A., de 45 años y residente en el barrio de Carabanchel en una vivienda de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) se quitaba la vida. Horas antes había recibido una comunicación oficial en la que la EMVS daba por finalizado su contrato de arrendamiento, reclamándole una deuda de 975 euros, y fijando como fecha de desalojo el próximo 21 de octubre.
Amparo vivía con su marido, tres hijos menores (de 8, 12 y 15 años), y dos nietos que estaban a su cargo en un piso de la calle Sonseca, en Carabanchel. Tenía, además, otros tres hijos. Tanto Amparo como su marido se encontraban en paro y no podían hacer frente a los pagos.
La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo depende del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y tiene entre sus funciones procurar una vivienda digna a personas en riesgo de exclusión,. Sin embargo el Consistorio madrileño lleva meses notificando desalojos a inquilinos e inquilinas de la EMVS que, o bien acumulan impagos, o bien okuparon las viviendas hace años. La empresa municipal, que sufre una deuda millonaria, presentó en junio un “plan de viabilidad” en el que incluye la venta de viviendas en alquiler. En julio vendió 18 promociones de vivienda por 128,5 millones de euros a la compañía Magic Real Estate-Blackstone Group International Partners.
Según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), el mismo día en que recibieron la notificación el marido de Amparo acudió a la EMVS con intención de saldar la deuda del alquiler pero en la empresa municipal le negaron tal posibilidad, a pesar de tratarse de una unidad familiar con menores. Horas más tarde, Amparo se suicidaba. Pese a la evidente concatenación de hechos, la EMVS ha negado que exista una relación de causa y efecto entre la comunicación oficial y el suicidio. Sin embargo numerosas organizaciones sociales consideramos que las políticas de la EMVS están diseñadas para sanear las cuentas municipales a costa de los derechos de las personas, desalojando las viviendas destinadas a personas sin recursos para poder venderlas a empresas privadas. Y estas políticas están constando vidas.
Por todo esto, numerosas organizaciones sociales, entre ellas la Asamblea Popular de Carabanchel, exigimos la paralización de los desahucios de vivienda pública para aquellos vecinos y vecinas que no tenga alternativa habitacional. Además exigimos a las administraciones públicas que tomen de una vez por todas y de manera inmediata, las medidas que sean necesarias para poner freno a la sistemática vulneración del derecho a la vivienda. Para ello exigimos también que los organismos públicos de vivienda (EMVS e IVIMA) pongan los cientos de pisos que poseen y mantienen vacíos a disposición de las necesidades de las familias víctimas de procesos de desahucio.
El año pasado, en todo el Estado, se produjeron 119 muertes que se asocian con desahucios.
NO SON SUICIDIOS SON ASESINATOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario